Crisis en Paraguay: grietas constitucionales y condescendencia política

Ahora lo entiendo todo. Siguiendo el curso del Rio Paraná por la ribera del Paraguay, un transportista guaraní con el que compartí una corta pero agradable conversación me contó algo que hoy resuena en mis oídos: “a Fernando Lugo le queda poco”. Su argumento fue que estaba siendo demasiado condescendiente con la oposición y, sobre todo, con los liberales que le daban el apoyo parlamentario necesario para continuar en la presidencia. Quien iba a decir que algunos meses más tarde su predicción se cumpliría y yo entendería un poco mejor la situación que se dio hace un par de días en el Palacio de los López, en Asunción.

Franco, nuevo Presidente de Paraguay (Reuters)

Fernando Armindo Lugo Méndez, el obispo de los pobres, llegó a la presidencia de Paraguay en agosto de 2008, tras alcanzar una gran popularidad nacional como líder de la multitudinaria protesta en mayo de 2006 contra el entonces Presidente, Nicanor Duarte. Ello le obligó a abandonar el estado clerical, pero supuso el impulso necesario para llevarlo a la presidencia de un país que llevaba 61 años bajo el dominio del conservador Partido Colorado.

Tanto su candidatura presidencial como su etapa de gobierno estuvieron marcadas por el apoyo del Partido Liberal Radical Auténtico, primera fuerza política en el Congreso y segunda en el Senado paraguayos. Gracias a este apoyo, pudo llevar a cabo algunas medidas que mejoraron a Paraguay como país y el bienestar de sus ciudadanos, como fue la creación de un sistema sanitario universal y gratuito con una vasta de red infraestructuras, o medidas encaminadas a mejorar el sistema educativo. Todo ello acompañado de unos más que buenos índices económicos.

Pero, como afirmaban muchos de quienes lo apoyaban, el Presidente Lugo fue demasiado conciliador con la derecha y, sobre todo, con sus socios liberales en el Cogreso y el Senado. Un talante que le ha salido caro, pues como ha quedado patente en América Latina y más allá de ella, la oligarquía agrupada en los partidos de derecha es un monstruo no entiende de conciliación ni duda en traicionar la confianza que la izquierda deposita en ella tal vez con demasiada frecuencia.

El artículo 225 de la Constitución Paraguaya, dedicado al Juicio Político, reza lo siguiente: “El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.” Para ello, la Cámara de Diputados debe aprobar la acusación por mayoría de dos tercios, siendo el Senado el encargado de realizar el juicio, cuya sentencia debe ser aprobada igualmente por mayoría de dos tercios. Sin embargo, este procedimiento nunca fue desarrollado legal o reglamentariamente. Pero el pasado jueves día 21, tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal que apoyaba a Lugo, haciendo uso del artículo 225, votaron masivamente a favor del inicio del procedimiento, que fue refrendado por los mismos partidos al día siguiente en el Senado. Fernando Lugo tuvo que abandonar la presidencia, que pasó a manos del liberal Federico Franco.

Como cuenta muy bien Íñigo Sáez de Ugarte en su blog, cuanto más abría la mano Fernando Lugo a la oligarquía paraguaya más hambre se despertaba en el monstruo, que interpretaba esos gestos nos como apertura o talante sino como debilidad. El último, y que más caro le costó, fue el nombramiento de un destacado miembro del Partido Colorado como Ministro de Interior tras la matanza de Curuguaty. El señuelo estaba lanzado.

En octubre de 2011 un decreto del Presidente Lugo prohíbió la tenencia de tierras de extranjeros en un radio de 50 kilómetros de la frontera. En atención a esta medida, muchos campesinos e indígenas se lanzaron a ocupar latifundios que se encontraban en esta circunstancia. Una de estas ocupaciones fue la que dio lugar al enfrentamiento que tuvo lugar el pasado viernes día 15 y que terminó con el fallecimiento de once campesinos y seis policías. Lugo destituyó al Ministro de Interior, el socialista Carlos Filizzola, quien, en cumplimiento de una orden judicial, envió a los policías a desalojar la finca. La derecha tenía aquí la coartada política perfecta para acabar con el Presidente, e hizo uso de ella.

Seguramente nunca sabremos las razones por la que el juez ordenó el desalojo de la finca, ni las que llevaron al Ministro a enviar a la policía, ni por qué se inició el violento enfrentamiento. Lo que sí es evidente es que la derecha paraguaya, que representa exclusivamente los intereses de los ricos empresarios y latifundistas del país, estaba preparada para dar el salto y usurpar el poder a Fernando Lugo.

Sin embargo, es difícil argumentar que, como dijo un portavoz de UNASUR, se trate de un golpe de Estado propiamente dicho, pues en realidad todo el proceso se ha desarrollado en base a un claro precepto constitucional. Dicha organización habla, con más mesura, de una “ruptura del orden democrático”. Al mismo tiempo, la mayoría de líderes latinoamericanos se han apresurado a condenar lo sucedido, calificándolo de “patraña democrática”, “maniobra imperialista”, “proceso ilegítimo”, etc. Incluso se ha sugerido la expulsión de Paraguay del Mercosur o el no reconocimiento del nuevo gobierno. Todos tienen razón cuando afirman que se trata de un acto ilegítimo desde el punto de vista de la democracia, y que es, efectivamente, una maniobra de los poderosos para regresar al poder en Paraguay.

Para entender la problemática tal vez las preguntas y las respuestas deberían ser otras. Los conservadores paraguayos han tenido en una grieta democrática plasmada constitucionalmente la mejor herramienta para usurpar el poder al Presidente elegido por el pueblo paraguayo. Pero, ¿por qué mantenía Paraguay esa clausula constitucional que, a todas luces, podía dar lugar a la situación que está viviendo hoy?, ¿por qué fue el Presidente Lugo tan condescendiente con una oligarquía hambrienta de poder? Da igual el nombre que se le de a este proceso, lo importante es que no se hizo nada para evitarlo jurídica y políticamente.

Con toda seguridad estamos ante un caso similar al golpe de 2009 en Honduras. Es muy probable que, al igual que con Porfirio Lobo, se produzca una especie de reconocimiento “de facto” de su labor presidencial sin que se le permita participar en foros internacionales o bilaterales hasta la celebración de nuevas elecciones. Durante este tiempo, será fundamental observar la reacción del pueblo, sobre todo de la parte que apoya al ya ex-Presidente Fernando Lugo. Tal vez la pista esté en otra cosa que me dijo aquel humilde transportista de la región de Misiones: “Le dimos nuestro voto para que cambiara las cosas, el país. Pero aun estamos esperando”.

Antonio Jesús Vázquez Cortés. Madrid

Escrito por Antonio J. Vázquez

Etiquetas: , , , ,